Las políticas de justicia penal de Kamala Harris en California enojaron …

Por Alexandra Chaidez, Simone Weichselbaum y Andrew Blankstein - NBC News Como nueva abanderada de los demócratas, la vicepresidenta Kamala Harris ha descrito su contienda con el expresidente Donald Trump en términos contundentes: fiscal dura frente a acusado civil y penal. “Me enfrenté a delincuentes de todo tipo, depredadores que abusaron de mujeres, defraudadores que estafaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio”, indicó Harris en un mitin en Wisconsin el martes. “Así que escúchenme cuando digo que conozco a tipos como Donald Trump”. Pero los críticos aseguran que el historial de Harris como fiscal, primero como fiscal de distrito en San Francisco y después como fiscal general de California, revela a un camaleón político más que a una policía de primera línea que fue dura contra el crimen, según entrevistas con líderes actuales y anteriores de las fuerzas del orden en todo el estado, defensores de los derechos civiles y políticos. En un comunicado, la Casa Blanca declaró: “La vicepresidenta Harris ha dedicado su carrera a trabajar para que el sistema de justicia penal sea más justo. Su trabajo como fiscal del distrito de San Francisco, fiscal general de California, senadora de Estados Unidos y ahora vicepresidenta, se ha centrado en proteger a las comunidades vulnerables, crear un sistema justo y equitativo y garantizar la responsabilidad de las fuerzas del orden”. Harris ha escrito dos libros sobre su época como fiscal y procuradora general. En su libro de 2009, Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer (Inteligente ante el delito: el plan de una fiscal de carrera para hacernos más seguros), publicado casi al final de su mandato como fiscal general, Harris se describió a sí misma como una fiscal “dura e inteligente con la delincuencia” y dijo que promovió programas para solucionar las reincidencias e hizo de “la mejora de las tasas de condenas por delitos graves la prioridad número uno de mi oficina”. Cinco años después, tras un tiroteo de la policía que cobró la vida de Michael Brown en Ferguson, Missouri, en 2014, que catapultó al Black Lives Matter a la escena nacional y convirtió la reforma de la justicia penal en un tema prioritario, Harris abrazó los llamamientos al cambio. [“Está generando más entusiasmo”: el historial de Kamala Harris con los latinos] En sus memorias de 2019, The Truths We Hold: An American Journey (Las verdades que atesoramos: una experiencia estadounidense), publicadas mientras era senadora, Harris se describió a sí misma como una “fiscal progresista”. “Sabía que estaba ahí para las víctimas. Tanto las víctimas de los delitos cometidos como las víctimas de un sistema de justicia penal roto”, escribió Harris. “Para mí, ser una fiscal progresista es entender –y actuar en consecuencia– esta dicotomía”. Trump y sus aliados intentan ahora enfatizar la parte “progresista” de la identidad de Harris. El martes, el expresidente atacó a Harris como una “persona de izquierda radical” y culpó del crimen actual en la ciudad a su gestión como fiscal de distrito. “Realmente, lo que deberían hacer es echar un vistazo a San Francisco ahora en comparación con antes de que ella se convirtiera en fiscal del distrito, y verán lo que le hará a nuestro país”, dijo Trump. Dura y compasiva Harris, hija de un economista y una científica, creció en Oakland y se graduó en la Universidad Howard en 1986. Después asistió a la facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, entonces conocida como Hastings, donde se graduó en 1989, según su biografía en el Congreso, e inmediatamente empezó a trabajar como fiscal. Primero trabajó en la oficina del fiscal del distrito del condado de Alameda, donde lidió con casos de agresión sexual a menores, y más tarde pasó a la oficina del fiscal municipal de San Francisco, que presta servicios jurídicos a la ciudad y la representa en demandas civiles. Fue jefa de la división de menores y familias de la oficina. Louise Renne, quien como fiscal de la ciudad de San Francisco era entonces la jefa de Harris, dijo que contrató a Harris porque era conocida por ser “dura con la ley”, así como “compasiva y amable”, dijo Renne a NBC News en una entrevista esta semana. En 2003, tras trabajar cinco años en San Francisco, Harris fue elegida la primera fiscal de distrito negra, sudasiática y mujer de la ciudad. Durante sus siete años en esa oficina, Harris empezó a forjarse la reputación de ser una fiscal cuidadosa y comprometida a exigir responsabilidades a las personas que cometen delitos graves y a ayudar a los delincuentes no violentos a dar un giro a sus vidas. Lateefah Simon, quien puso en marcha la primera división de reinserción de delincuentes juveniles bajo el mandato de Harris, elogió su enfoque. “Es la única fiscal de distrito para la que trabajaría hasta el día de hoy, porque creo en la ética que puso en la oficina”, afirmó Simon, que ahora se presenta al Congreso en el Área de la Bahía como demócrata. “Intentó crear una oficina que fuera justa y equilibrada”. Cuatro meses después de que Harris jurara su cargo, un miembro de una pandilla mató a tiros al agente de policía Isaac Espinoza, en abril de 2004. Harris se negó a acusar al atacante de un delito capital, lo que lo libró de la pena de muerte. La decisión de Harris irritó a los líderes políticos de California. Durante el funeral de Espinoza, la senadora demócrata Dianne Feinstein criticó la decisión de Harris. “Esto no es sólo la definición de tragedia, es una circunstancia especial que exige la pena de muerte”, dijo Feinstein en ese momento. A lo largo de su mandato como fiscal del distrito, Harris se centró en conseguir condenas. El índice de condenas por delitos graves aumentó de 52% a 71%, y el de condenas por delitos con armas de fuego subió a 92% en los cinco primeros años de su mandato, según su libro. [La histórica campaña presidencial de Kamala Harris consolida su rápido ascenso en la política demócrata] “Estamos enviando a la prisión estatal al triple de delincuentes que en 2001, tres años antes de que yo asumiera el cargo”, escribió Harris en su libro de 2009. También aumentó el número de condenas a vendedores de drogas, de 56% en 2003 a 74% en 2008, según Harris. Al mismo tiempo, Harris también puso en marcha el programa Back on Track, que ofrecía a los delincuentes no violentos –muchos de los cuales eran traficantes de drogas de bajo nivel– la oportunidad de recibir un diploma de secundaria, formación laboral y acceso a trabajos disponibles, en lugar de penas de prisión. “El imperativo actual es tanto perseguir a los peores delincuentes como reorientar el futuro de los delincuentes de bajo nivel”, escribió Harris en su libro de 2009. Su relación con los progresistas se volvió tensa. Impulsó la persecución de los casos de absentismo escolar, lo que dio lugar a que los padres de los niños que faltaban habitualmente a la escuela fueran procesados y obligados a pagar multas de hasta 2,500 dólares y a cumplir hasta un año de cárcel. Algunos críticos afirmaron que esta política afectaba de forma desproporcionada a las familias negras. Harris chocó con la política de la alcaldía de San Francisco en relación con los inmigrantes indocumentados. En 1989, el ayuntamiento había declarado a San Francisco “ciudad santuario”, lo que significaba que, en general, la policía local no estaba autorizada a compartir con las agencias federales de inmigración ninguna información que hubiera obtenido de sus contactos con personas indocumentadas. Harris, junto con el entonces alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, apoyó más tarde una política que obligaría a las fuerzas del orden a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si un inmigrante menor de edad indocumentado era detenido bajo sospecha de haber cometido un delito grave.  David Campos, que ha sido miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, así como de la Comisión de Policía, declaró que él y otros progresistas no siempre han estado de acuerdo con Harris, pero apoya su candidatura a la presidencia. “Ella será capaz de aportar una experiencia, una perspectiva, que apunta a resultados en los que fue capaz de enhebrar esa aguja entre ser dura con el crimen y también ser reformista en lo que respecta a la justicia penal”, explicó Campos, quien ahora es vicepresidente del Partido Demócrata de California. La reforma penitenciaria Varios años después de que Harris fuera elegida fiscal general del Estado en 2010, los votantes de California aprobaron una medida electoral que implementaba amplias reformas de las penas en todo el estado. En un esfuerzo por aliviar el hacinamiento en las prisiones del estado, la propuesta reclasificó una lista de delitos graves como delitos menores, incluidos ciertos delitos de drogas y robo, incluido el hurto de bienes valorados en menos de 950 dólares. La oficina del fiscal general bajo el mandato de Harris publicó un resumen de la ley, denominada Proposición 47, en el que se predecía que la población carcelaria y penitenciaria disminuiría, al tiempo que aumentarían los fondos para programas de reducción del ausentismo escolar y servicios de salud mental. También predijo que el sistema de justicia penal del estado ahorraría cientos de millones de dólares debido a los cambios, y los fiscales y sheriffs locales tendrían menos carga de trabajo. La semana pasada, los funcionarios de prisiones informaron que había 92,480 personas detenidas en las cárceles de California, frente a una cifra máxima de más de 156,000 a principios de la década de 2010, antes de que la ley fuera aprobada. Pero, como informó NBC News el año pasado, las reformas de California crearon un vínculo entre las salidas de las prisiones y la falta de vivienda, ya que los condados se vieron abrumados por la llegada de reclusos que regresaban. Mientras tanto, los delitos violentos han aumentado en todo el estado. La oficina del fiscal general del estado informó que de 2014 a 2023, los delitos violentos habían aumentado en más del 30%, incluyendo incrementos en las violaciones, asaltos agravados y asesinatos. Aunque Harris no tomó una posición formal sobre la medida, los republicanos la acusaron de tergiversar la Propuesta 47 ante el público. Steve Cooley, que fue fiscal de distrito del condado de Los Ángeles de 2000 a 2012, culpó del aumento de la delincuencia a Harris y al referéndum. “El daño ha sido incalculable y, en cierto sentido, irreparable”, comentó Cooley, quien se presentó como candidato republicano contra Harris para el puesto de fiscal general. “Fue más que un señuelo. Fue un fraude por tergiversación”. Los críticos también achacan a la Proposición 47 el aumento de los robos en comercios minoristas en California. Afirman que las reformas permiten a los ladrones en serie entrar y salir tras una detención por parte de la policía sin apenas rendir cuentas. Aunque sean detenidos de manera rápida, sólo se les acusa de delitos menores siempre que el valor de la mercancía sea inferior a 950 dólares. La frustración por los hurtos en tiendas está llevando ahora a los votantes a intentar modificar la ley. En noviembre, los residentes de California decidirán si modifican la Proposición 47 para permitir que las personas con dos condenas por hurto sean acusadas de un delito grave tras ser sorprendidas robando por tercera vez. También permitiría a los jueces condenar a prisión a los reincidentes en delitos por “drogas duras”. Douglas Eckenrod, exsubdirector de libertad condicional del sistema penitenciario de California, que ahora se presenta como candidato republicano a sheriff en Sedona, Arizona, dijo que Harris era demasiado indulgente con los delincuentes. “Kamala Harris no es de línea dura [contra el crimen]”, dijo Eckenrod. “La Proposición 47 no podría llevarse a cabo sin el apoyo de la oficina de la fiscal general. Su apoyo a la medida fue literalmente crítico”. En 2017, Harris dejó su cargo como fiscal general de California tras ser elegida para el Senado de Estados Unidos. La reforma policial La relación de Harris tanto con los agentes de policía como con los activistas de la reforma policial ha sido tensa. Cuando se presentó como candidata a fiscal general en 2010, el presidente del sindicato policial de San Francisco no la respaldó, al alegar su negativa a pedir la pena de muerte por el asesinato del agente Espinoza. “Esa es una relación que nunca va a estar bien”, comentó el jefe del sindicato, Gary Delagnes, a SF Weekly en ese momento. Harris también recibió críticas de la izquierda. Abogados de derechos civiles y defensores de la reforma de la policía arremetieron contra ella por no acusar a los agentes de policía que, según ellos, habían hecho un uso excesivo de la fuerza en enfrentamientos que habían cobrado vidas. John Burris, abogado de derechos civiles con sede en Oakland que ha demandado a departamentos de policía y agentes de todo el estado, declaró que no recordaba ningún caso de violencia policial que Harris, como fiscal de distrito de San Francisco y más tarde como fiscal general de California, hubiera procesado. Pero añadió que los fiscales de esa época rara vez desafiaban a los agentes de policía. “No es ningún secreto que procesar a la policía en casos de tiroteo es una batalla cuesta arriba en su mayor parte”, explicó Burris. “Pensé que ella apreciaba esas cuestiones, aunque no estuviera necesariamente de acuerdo con la decisión final”. Harris también utilizó raramente una ley estatal, promulgada en 2001, que permite al fiscal general investigar a las agencias locales de aplicación de la ley por abusos generalizados. En diciembre de 2016, semanas antes de jurar su cargo como senadora, Harris anunció que su oficina investigaría a la Oficina del Sheriff del Condado de Kern y al Departamento de Policía de Bakersfield por acusaciones de fuerza excesiva y conducta grave. Un portavoz del fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, defendió su historial y dijo en una declaración a NBC News que Harris también abrió una investigación sobre el distrito escolar de Stockton y su departamento de policía escolar. El Departamento de Justicia de California descubrió posteriormente que el distrito escolar de Stockton había remitido a las fuerzas del orden a un número desproporcionado de estudiantes negros, latinos y discapacitados. El portavoz también señaló que Harris puso en marcha una iniciativa de datos abiertos que da a conocer el número de agentes de las fuerzas del orden muertos o agredidos en el trabajo, el número de personas que fallecen bajo custodia y el número de detenciones y fichajes. También anunció nuevos requisitos para la notificación de los tiroteos en los que estén implicados agentes de policía y los incidentes de uso de la fuerza. A pesar de las quejas de que no responsabilizó a la policía por comportamientos abusivos, Harris declaró en sus memorias de 2019 que apoyaba la misión de Black Lives Matter. Dio crédito a las protestas por motivarla a hacer varios cambios de política. Harris escribió que requirió que los oficiales en California asistieran a un entrenamiento contra los prejuicios y ordenó que algunos oficiales a nivel estatal comenzaran a usar cámaras corporales. “Pude hacerlo porque el movimiento Black Lives Matter había creado una intensa presión”, escribió Harris. “Al forzar estos temas en la agenda nacional, el movimiento creó un ambiente en el exterior que me ayudó a darme el espacio para hacerlo en el interior”.

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