Marcha de los jubilados: la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó …

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un habeas corpus preventivo y colectivo para resguardar los derechos de las personas que participen de la marcha de los jubilados prevista para esta tarde en los alrededores del Congreso.

El organismo solicitó que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como de la Ciudad, que actúen conforme a los estándares internacionales a fin de evitar detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y resguardar la integridad física de quienes se manifiesten. También se exigió que el personal policial y de fuerzas de seguridad se encuentre visiblemente identificado, exhibiendo en su uniforme el nombre, apellido y rango correspondiente.

Desde la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, la Defensoría del Pueblo porteña realizó 30 observaciones en movilizaciones y protestas sociales, que derivaron en 56 pedidos de informes y recomendaciones dirigidos a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad.

En esos documentos se advirtió sobre la inconstitucionalidad de la normativa, la violación de los estándares internacionales de derechos humanos, la afectación de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad pública, el despliegue inusual y excesivo de fuerzas federales y locales, y el uso innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza, entre otras.

Además, desde diciembre de 2023 la Defensoría del Pueblo intervino para asistir a más de 80 personas detenidas y brindar atención humanitaria a otras 164 a través del Cuerpo de Emergencias y Primeros Auxilios (CEPA). Junto con esta presentación, la Defensoría interpuso otras dos acciones judiciales.

La primera, un habeas corpus en favor de niños, niñas y adolescentes que participen en las manifestaciones, solicitando expresamente que se prohíba a las fuerzas de seguridad proceder a la detención de menores de edad salvo en casos de flagrancia de delito grave.

La segunda, con el objeto de que la Justicia ordene a las fuerzas de seguridad que se abstengan de obstaculizar la labor del personal del grupo de rescatistas y atención humanitaria CEPA.

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