Siempre habrá obra pública

El concepto de referencia tiene que ver no solo con el "destinatario", sino con quién financia la creación de este "bien público". Es el modelo de país acordado por la "comunidad nacional" el que debiera definir y priorizar, cómo se obtienen y dónde se aplican las inversiones que posibiliten estos emprendimientos.El aporte a una creciente productividad sistémica de toda la economía y el bienestar social, debieran ser los paradigmas que guíen su aplicación efectiva.Viene al caso el ejemplo del año 48 del siglo pasado donde se alcanzó un "pico" en el ciclo de crecimiento (47,8% en el trienio, del Producto Bruto Interno, se obtuvo el "fifty-fifty" (1) en términos de distribución del Ingreso y un índice de desocupación "friccional"), en el cual la inversión se distribuyó: 52,4% en la construcción, 40,7% en máquinas, motores e instalaciones y 6,9% en reparaciones (2).Dado que se trata de "inversión", viene al caso lo desarrollado en "Ahorro, un modelo... (Parte III)" (BAE Negocios, 10/10/2021). Allí se dijo: "Existe un consenso en la disciplina de que las políticas económicas aplicadas en nuestro país, con sesgo al consumo, rápidamente se topan con dos límites, el de la capacidad instalada preexistente, y el de la restricción externa, siendo este último el que se produce cuando se acelera la tasa de crecimiento de la economía y el quantum de divisas se demuestra insuficiente para mantener el ritmo alcanzado. Por lo tanto, incentivar la inversión se presenta como la alternativa superadora a lo ut supra señalado, en la medida que se pretenda inducirlo hacia la producción".Una vez generadas las "condiciones macroeconómicas" (equilibrios fiscal y externo) es necesario disminuir (para facilitar la rentabilidad de los proyectos productivos) dos "costos relevantes": los tipos de interés y el energético.Ello permitirá la búsqueda de una tasa que orille el 27% del PBI, que posibilitará un crecimiento de la economía en el entorno del 8 o 9 % anual, duplicándose cada 10 años, con el fin de garantizar, en 25 años, un PBI per cápita en el entorno de los U$S 28 mil anualesEl financiamiento necesario para su concreción, tal como se expresara en: "La negociación con el FMI: su impacto en la inversión" (BAE Negocios, 21/03/21), devendrá del ahorro privado nacional en moneda extranjera, que alcanza, aproximadamente, los USD220.000 millones. Si a esto se le agrega las inversiones de personas argentinas en el exterior se supera la cifra de USD400.000 millones.Ahora bien, la especificidad de la inversión pública viene dada por las características y objetivos que se persiguen con la misma, sustantivamente distinta de la encarada por la iniciativa privada.Los gobiernos deben encarar proyectos que persiguen múltiples objetivos, no sólo, los de índole económico (por ejemplo, la promoción y el fomento de la educación, salud, higiene, zonas de fronteras, ocupación territorial, consideraciones geopolíticas y de desarrollo de zonas periféricas o de bajo desarrollo relativo). Los hay también otros que, por ser de muy larga maduración, se alejan de las posibilidades de inversión privada, y que sólo podrían ser realizadas con alta participación estatal o bajo figuras de concesión luego de su concreción.Todo lo antedicho permite analizar lo expresado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), donde se destaca (aunque no lo digan) que el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ha tomado, respecto a "la Construcción". El texto, declara el "estado de emergencia" y en su "núcleo" expresa que "no puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses. Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica".El país todo vive un estado de emergencia, tanto económica como social, que ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023 agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos.En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones.Por ello, el Consejo Federal declaró el Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas Delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector.Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y evitar más de 200.000 despidos.En este marco, capital y trabajo de forma mancomunada y en armonía, defenderán dentro del sector de la construcción: la obra pública, ya que es la que garantiza entre otros aspectos, la correcta asignación de los...Las mejores remuneraciones del sector corresponden en su mayoría a los trabajadores ocupados en el subsector que hoy se encuentra en emergencia.A su vez, la dotación de capital por puesto de trabajo, dadas las características de las tareas a realizar, es muy elevada.Entre otras, la máquina vial, que sólo puede ser utilizada en este tipo de actividades, presenta valores de adquisición elevados, con relación a una posible venta, cuando no es utilizada.Para una compañía dedicada al rubro, que el Poder Ejecutivo decida discontinuar la asignación del financiamiento a las obras en marcha o por realizar, significará ver destruido su patrimonio.Pensar que habrá, miles de empresas que aceptarán pacíficamente su destino de extinción, sin recurrir a los mecanismos de movilización y defensa de su activo, como hoy están utilizando los agricultores franceses o españoles, entre otros, es absurdo y ridículo.Asimismo, es irrazonable suponer que las organizaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la actividad permanecerán impávidas ante tremendo dislate.Por lo tanto resulta recomendable y altamente deseable que la actual gestión de LLA revea su decisión, para que el desmadre que genere con su accionar no ponga en peligro la gobernabilidad sistémica de la república.¡Dios guíe a los decisores! Lic. Guillermo MorenoLic. Pablo ChallúLic. Walter RomeroAgradecemos la colaboración de Roberto Nuesch1- Término que remite a una distribución del ingreso de 50% para el capital y un 50% para el trabajo2- Introducción al Estudio del Ingreso Nacional, (N. González y R. Tomassini)

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