Un buen diseño de un sistema democrático de gobierno conlleva, necesariamente, una equilibrada distribución de responsabilidades entre los poderes que lo conforman. Por eso, además de legislar, aprobar presupuestos o vigilar la cuenta pública, una de las tareas más importantes de los congresos es ratificar los nombramientos para ocupar cargos en el servicio público que designan el ejecutivo o el poder judicial.